Cuando desde la más alta
magistratura se fogonea y avala el corte de un puente internacional por extenso
tiempo; cuando se permiten cortes de calles por grupos de personas que lo hacen
por cualquier tipo de reclamo sectorial; cuando se admite tomar y destruir una
comisaría o cualquier oficina pública; cuando la policía encargada de velar por
la seguridad y el orden no pueden acceder a ciertos barrios porque son atacados
por sus pobladores sin que se les permita defenderse; cuando cualquier
individuo o grupos pueden destruir el patrimonio público sin consecuencia
punitorias; cuando los delincuentes se han apoderado de las calles y las
personas honestas deben permanecer tras rejas de contención y con todo tipo de
cuidados para no ser robados y maltratados; cuando los traficantes de drogas
peligrosas viven en mansiones suntuosas y viajan en autos de lujo, mientras los
trabajadores ganan sueldos de supervivencia; no se puede esperar otra cosa que
lo sucedido recientemente con los robos masivos y saqueos generalizados.
El gobierno y gran parte
de nuestra dirigencia política confunde lo que es “orden” con “represión” y
coloca los derechos de quienes protestan o delinquen sobre los derechos de
quienes pacíficamente, solo quieren trabajar, vivir en paz y con tranquilidad.
Cuando los derechos de la mayoría son pisoteados por una minoría o sectores,
que al margen de la ley reclaman y el Estado no ordena (por orden) esos
reclamos, se produce el descontrol y la anarquía.
Cuando la Señora presidente
dice que el interés de los amotinados (policías y algún otro sector) es tratar
que la población ciudadana crea que no se puede vivir en democracia y que es
mejor otro sistema como el vivido en los 80, tiene razón, no porque sea el
motivo primero de las fuerzas policiales sino porque con el correr de estos
últimos treinta años la dirigencia política ha demostrado su incapacidad para
combatir el delito y el desorden público. Cualquiera puede hacer lo que quiera
impunemente, desde los más altos cargos hasta las hordas de jóvenes que roban y
saquean en los barrios periféricos a las familias más desprotegidas.
Los vendedores de
estupefacientes pululan libremente por todos lados, no hay barrio que no tenga
dos o más lugares donde se venda y quienes deben reprimir o controlar este
delito, actúan mal, fuera de tiempo y muchas veces con complicidad.
Para agravar la situación
y el enojo de los ciudadanos, vemos como nuestra presidente baila y toca el
tambor mientras en el país morían más de una docena de personas. Y para no ser
menos el ministro de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacía
abrir la cancha de Boca y jugaba un “picadito” con otros funcionarios
importantes, mientras la hinchada y la chusma de ese club destruía el micro
centro de la ciudad de la cual ellos son responsables.
Por lo expuesto, no nos
debe extrañar, que no bien se retira la fuerza pública de su tarea los
delincuentes (que son muchos más de lo que se cree) salgan a cometer sus
desmanes y lo hagan con bastante organización. Es su forma de vida, de la misma
manera que los trabajadores se organizan para defender sus derechos, ellos lo
hacen par cometer sus ilícitos.
Lo que la Señora
presidente debe tener bien en claro es que a pesar de todo lo que expongo aquí
y por más que se esfuercen los minúsculos sectores que quieren regresar a una
dictadura, la gran mayoría de los ciudadanos sabemos que por mala que sea esta
democracia es infinitamente mejor que aquella y defenderemos como podamos y
desde nuestro lugar esta forma de gobierno conseguida con mucho esfuerzo y
sangre.
Pero deben entender
nuestros gobernantes que “orden” no es lo mismo que “represión” y actuar contra
los revoltosos de forma enérgica no es otra cosa que restituir la paz social.