La ineficacia y la desidia de fiscales y jueces, pone a la Justicia Argentina en un lugar que hace descreer de ella y en lugar de ser la protección en última instancia de la ciudadanía se convierte en su peor enemigo.
Es tal la ineptitud, que no solo los detenidos tienen problemas, sino también aquellos que han sido perjudicados por un delito, si no tienen algún contacto dentro del ámbito judicial o político, tienen infinidad de contratiempos para que su reclamo sea atendido en tiempo y forma.
En estos días hay dos casos puntuales donde la justicia esta en entredicho: El caso “Candela”, nadie cree que los detenidos sean los culpables o al menos algunos parece no serlo y cuando esto se dilucide, quedará siempre la duda y la detención del sindicalista Sobrero, que por los dichos del fiscal fue detenido sin una razón sustentable.
Pongo a manera de ejemplo solo tres casos de los miles que se repiten en la administración de justicia, si es que se le puede llamar justicia.
Imputados de asesinato estuvieron 5 años presos, desde el 2005 al 2010, Osvaldo Javier Heredia, Guillermo Daniel Heredia, Héctor Heredia y Norma Heredia, recuperaron inmediatamente la libertad, luego de que el fiscal del juicio, Claudio Polero, entendiera que no había elementos suficientes para acusarlos.
Leandro Roig (23), quien estuvo 33 meses preso como supuesto coautor del crimen de Santiago Alfonso (16), ocurrido en Moreno en enero de 2009, fue absuelto y liberado por falta de pruebas. En su alegato acusatorio, el fiscal Guillermo Altube pidió la libertad de Roig, que fue concedida de inmediato por el Tribunal Oral 2 de Mercedes.
Permaneció cinco años preso por error, hasta llegar al juicio Adrián Eduardo Lamoglie fue absuelto por la Justicia argentina después de haber permanecido desde diciembre de 2002 en la cárcel de la ciudad bonaerense de La Plata.
El 75 % de los detenidos presos están sin condena en primera instancia y nueve de cada diez son pobres. Están bajo prisión preventiva hasta cuatro años, y en el juicio oral terminan absueltos o sobreseídos. Cayeron por diversas maniobras policiales y, como la mayoría es pobre, tienen defensores oficiales que les dedican poco tiempo. Cuando salen libres, ni siquiera reciben ayuda ni indemnización del Estado.
Primero cayeron como moscas en los trucos de policías inescrupulosos, después quedaron atrapados en los pliegues de una trama legal que les niega el derecho constitucional de esperar el juicio en libertad, ahora son defendidos por abogados a quienes ni siquiera conocen, y dentro de tres o cuatro años, cuando la Justicia les haga justicia, ni siquiera podrán esperar que el Estado los indemnice por el error. En la provincia de Buenos Aires, unos nueve mil presos inocentes esperan que la democracia llegue hasta ellos.
Según las estadísticas oficiales de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 28% de las sentencias dictadas contra personas detenidas terminan finalmente en la absolución o el sobreseimiento, es decir, tres de cada diez presos son inocentes.
Si alguien cree que esto es JUSTICIA es porque no la padeció.
